La bancada del partido opositor Unión por la Esperanza (UNES), liderado por el expresidente Rafael Correa, pidió a la Asamblea Nacional que se inicie el trámite de destitución del presidente Guillermo Lasso, que será tratado este sábado en una sesión especial.
Tras el pedido del correísmo, el presidente del Congreso, Virgilio Espinoza, convocó a una sesión exclusivamente para debatir la posible destitución del presidente. Se necesitan 92 votos positivos para que eso ocurra y, de llegar a suceder, se debería llamar a elecciones de manera urgente.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció ayer sobre las manifestaciones en Ecuador, que está con un paro indefinido organizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Las protestas ya llevan 13 días y hay preocupación en el organismo por la agudización de las tensiones sociales.
En el mismo comunicado en el que, además de detallar los motivos de los reclamos, dijeron que las organizaciones que están movilizando denuncian «la ausencia de mecanismos de diálogo efectivos».
La CIDH destacó que «urge a que se realicen todos los esfuerzos necesarios para que se adelante un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, que se atiendan las demandas y que haya pleno respeto a los derechos humanos».
Preocupación por las víctimas
El organismo internacional también remarcó su preocupación porque seis personas murieron en el marco de las protestas, al menos dos por impactos de armas de fuego. «Asimismo, al menos 166 manifestantes y 120 policías han resultado heridos. Según cifras oficiales, 108 personas han sido aprehendidas”, afirmaron.
«La CIDH y su RELE (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión) tomaron nota de los distintos actos de violencia reportados por el Estado en contra de agentes y bienes públicos», expresaron en el comunicado oficial.
Sin embargo, también remarcaron que el Estado debe «actuar sobre la base de la licitud de las protestas», ya que algunos hechos de violencia no justifican «criminalizar la manifestación».
Pese a que reconocen las intenciones de llamar al diálogo por varios de los actores involucrados, lamentan que aún no se haya concretado.
«En el marco de la institucionalidad democrática, el Estado es el responsable de garantizar los derechos y canalizar los reclamos de la población, por lo que debe velar por el fortalecimiento de espacios que aborden las peticiones, reivindicaciones y demandas», concluyeron desde la CIDH.
Desde el organismo urgen a que el Estado ecuatoriano adopte medidas para prevenir cualquier abuso por parte de sus agentes y recuerdan «el compromiso que tiene el país en materia de derechos humanos».
El gobierno acusó un golpe de Estado
Los disturbios en Ecuador recrudecieron luego de que Lasso acusara, en cadena nacional, al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, de querer dar un golpe de Estado y «engañar a sus bases para usurpar el gobierno legalmente constituido».
El presidente ecuatoriano hizo un llamado a la comunidad internacional para «advertir este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador» y, además, acusó a Iza de buscar «el derrocamiento del Gobierno».
Lasso señaló que el líder indigenista «nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas; lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el gobierno legalmente constituido».
«El señor Iza no tiene control de las manifestaciones, ni de la criminalidad que sus acciones irresponsables han generado», agregó el mandatario.
La violencia escaló y el conflicto pareciera no tener fecha de finalización en el corto plazo. Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, se han registrado hasta el momento 64 vulneraciones a los derechos humanos, 5 fallecidos, 166 personas heridas, 108 detenciones y 5 desaparecidos.
Fuente: Página 12.
