De acuerdo con la directora del medio, Natalia Zuccolillo, el periódico y el grupo empresarial al que pertenece estarían siendo objeto de una estrategia de hostigamiento que incluiría campañas de estigmatización y la instrumentalización del Ministerio Público para impulsar procesos penales sin sustento, que tiene como objetivo generar un “efecto inhibitorio” orientado a limitar el ejercicio del periodismo independiente.
El medio, en una carta enviada a la SIP, señala que estas acciones habrían surgido tras la publicación de investigaciones periodísticas relacionadas con el caso de corrupción conocido como FIFAGate y la difusión de auditorías que involucrarían a altos dirigentes del fútbol regional. Dichas coberturas habrían desencadenado represalias dirigidas inicialmente contra el entorno empresarial del periódico, particularmente a través de un proceso judicial contra el Banco Atlas.
También expone presuntas irregularidades en la actuación fiscal, incluyendo alegaciones de injerencia externa en la conducción de la investigación, inducción de testimonios y utilización de argumentos proporcionados por la parte denunciante en documentos oficiales. Asimismo, se advierte sobre intentos de internacionalizar el caso sin respaldo probatorio suficiente, lo que habría afectado la reputación de las entidades involucradas.
ABC Color sostiene que, pese a la existencia de elementos que cuestionarían la base de la acusación —incluyendo información que indicaría la inexistencia de daño patrimonial—, el proceso penal avanzó hasta la formulación de una acusación formal, lo que, a su juicio, confirma la naturaleza política y retaliatoria de la acción judicial.
