La Legislatura de Mendoza aprobó este martes el proyecto de ley que para ceder las acciones de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima).
Esta decisión resultó clave para el Gobierno, que ya piensa en el próximo paso para concretar el primer proyecto de privatización de la gestión de Javier Milei.
Por estas horas, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que depende del Ministerio de Economía, trabaja en los detalles técnicos para lanzar un concurso internacional y evaluar las ofertas de las compañías que quieran quedarse con el paquete accionario que permitirá controlar la metalúrgica.
La empresa no formó parte del listado de firmas sujetas a privatización que estaban incluidas en la Ley Bases, sino que se trató de un proceso paralelo. En el Ejecutivo estaban esperando el aval de la Legislatura mendocina para seguir con la próxima fase, que se basará en instrumentar la letra chica del proceso, como la elaboración de los pliegos y la valuación final. Una vez terminada esa instancia, se abrirá el concurso y partir de ahí los interesados tendrán 30 días aproximadamente para presentar sus ofertas.
Hasta ahora, el grupo estadounidense ARC Energy fue el único que expuso su intención de comprar las acciones de IMPSA. La empresa presentará una oferta y que aguarda la publicación del concurso para ver los pormenores, que espera sea en los próximos días. Sumado a esto, también habría otras firmas interesadas, algunas internacionales y otras locales, aunque aún no trascendió cuáles son.
IMPSA realiza trabajos en el país para la represa Yacyretá, YPF, otras petroleras que operan en Vaca Muerta, así como grandes compañías a nivel local e internacional, y emplea a unos 720 trabajadores. Exporta el 85% de su producción y fabrica equipamiento en la industria energética, eólica, nuclear, entre otras.
La empresa fue hasta 2018 de la familia Pescarmona. En ese momento, había acumulado pasivos por 1.000 millones de dólares por “malos negocios”. A fines de 2020, obtuvo asistencia del Estado nacional para seguir operando y pagar salarios. Luego logró reestructurar su deuda por 560 millones de la moneda estadounidense y en 2025 debe comenzar a pagar intereses y un año después capital.
En junio de 2021, Nación aportó 15 millones y Mendoza otros 5 millones del dinero extranjero. De esta manera, el Estado nacional se quedó con el 63,7% de las acciones, la provincia de Mendoza con el 21,2% y el 15,1% es de propiedad privada: un 9,8% son acreedores de la compañía y un 5,3% lo conserva la familia Pescarmona.
La vuelta a manos privadas de IMPSA había comenzado en abril de 2023, cuando el directorio tomó la decisión de vender parte de las acciones. Pero los tiempos se aceleraron con la llegada del gobierno de Javier Milei, que aseguró desde el inicio de la gestión que tenía un plan para pasar a manos privadas todas las firmas que funcionaran bajo la órbita del Estado.
Fuente: El Economista
