La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, como «presunto responsable» de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra.
También emitió otra orden de arresto contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación. Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.
¿Qué dicen las acusaciones?
«Vladímir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia», dice la acusación formal que argumenta la emisión de la orden de arresto.
Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el «territorio ocupado de Ucrania», señaló la CPI, que considera que hay «motivos razonables» para creer que Putin tiene «responsabilidad penal individual» por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.
La responsabilidad individual de Putin podría traducirse tanto en «haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros», o por «no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva», según explica el artículo 28 del tratado fundacional de la CPI.
En lo que respecta a Lvova-Belova, la CPI considera que tiene «responsabilidad penal individual» por el mismo tipo de crimen de guerra tras «haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros» desde el 24 de febrero del año pasado, fecha en la que comenzó la invasión rusa de Ucrania.
Fuente: Canal 26.com
